Política / Según presidente de Comisión Defensora Ciudadana chilena “Si la gente no reclama, nadie sabe que existe un problema y las cosas siguen igual”. ¿Una necesidad pública o un puesto político más?: Conozca la razón de ser del Defensor Ciudadano Lunes 21 de Junio del 2010
Las acciones de los organismos del Estado pueden ser evaluadas por toda la ciudadania
¿Cuántas veces usted puede constatar entre sus colegas en la oficina, en medio de sus vecinos en el barrio ó en sus compañeros en la universidad como sigue el debate respecto a la existencia de "ciudadanos de primera ó segunda clase"?. Es muy probable también que le llame la atención la facilidad con que algunas personas ó instituciones plantean sus problemas y obtienen respuestas para resolverlos, la mayoria de las veces, en instancias positivas y en cortos períodos de tiempo. Puede que entonces usted recuerde, como cultura general proveniente de Europa, que existe una persona institucionalizada como "Ombdusman", una figura legal en torno a una persona con mucho poder de decisión ó con las habilidades profesionales para gestionar respuestas ante situaciones complicadas vividas por las personas ante instituciones, generalmente estatales.. Conocido también como Defensor del Pueblo, el Ombdusman de hecho tiene una institución dedicada a desarrollar actividades para su estudio y promoción en nuestro país. Se trata del Capítulo Chileno del Ombudsman- Defensor del Pueblo, establecida en 1985 y cuyas actividades están enfocadas "al perfeccionamiento de la democracia y el mejor resguardo de los derechos humanos, los derechos ciudadanos y el interés público", El Capítulo Chileno del Ombudsman-Defensor del Pueblo, cuyo Consejo Directivo está presidido para el período 2008 – 2010 por Juan Domingo Milos Hurtado, agrupa a aproximadamente 256 miembros, quienes se desempeñan en las más variadas profesiones, aunque llama la atención que la mayoría de ellos son abogados (Exactamente son 95) y, del total de participantes, 169 tienen su origen en la región metropolitana.
HISTORIA
Cuando se trata de saber desde cuando existe se discute dicho defensor en Chile, una breve relación histórica proporcionada en Ombudsman.cl indica que el 14 de Octubre de 2000, el Presidente de la República ingresó en el Congreso un proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor del Ciudadano, documento que fue pasado al estudio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Posteriormente, en Abril de 2002 siete senadores formularon indicaciones, las que no fueron acogidas a tramitación por la citada Comisión por motivos de orden formal. En Noviembre de 2003, el proyecto fue retirado por el Ejecutivo, pero el 4 diciembre de ése mismo año el Poder Ejecutivo evaluó que existían mejores perspectivas para la tramitación del proyecto de reforma constitucional que crea el Defensor del Ciudadano y lo reingresó sin urgencia ante la Cámara de Diputados, mediante el Boletín 3429-07, introduciéndole algunas modificaciones, especialmente en cuanto al ámbito de derechos observados por el órgano que se crea y la facultad de ejercer acciones judiciales en determinadas circunstancias. Años más tarde, el 10 de Julio de 2007, la Presidencia de la Republica presentó indicaciones al proyecto de reforma constitucional de Diciembre de 2003, para actualizar el texto a las posibilidades de obtener la aprobación legislativa. El proyecto original -y por tanto estas indicaciones- está radicado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En el camino por la gestión de los derechos ciudadanos, a la creación del referido Defensor, se le une el desarrollo de la Comisión Defensora Ciudadana, creada el 11 de mayo de 2001 mediante el decreto supremo Número 65. Cabe preguntarse entonces, ¿para que sirve un organismo de este tipo?.
CIUDADANIA Y RECLAMOS
La Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas, también conocida como Comisión Defensora Ciudadana, está constituida como un órgano asesor del Presidente de la República, para promocionar y defender la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos ante acciones u omisiones de los organismos públicos. Eso, por lo menos, es lo que se menciona en su sitio web. Antecedentes entregados por la referida comisión, indican que en la región de La Araucania, el Instituto de Previsión Social concentra la mayor cantidad de críticas En lo que va del año, se registran en esta región 712 reclamos contra instituciones públicas, los cuales se concentran en: Instituto de Previsión Social, Superintendencia de AFP, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Carabineros, Gendarmería y la red del Servicio de Salud Araucanía Sur. En el primer balance sobre la calidad de la atención en las instituciones dependientes de la administración central del Estado, la Comisión Defensora Ciudadana (CDC) destaca que la seguridad social es derecho más exigido por la población. 1 de cada 5 reclamos en contra del Estado, registrados por la Comisión Defensora Ciudadana, se refieren a ese derecho. El Instituto de Previsión Social encabeza servicios con más reclamos sin respuesta en el plazo legal. Los mayores tiempos de espera corresponden al COMPIN (Comisión Médica, Preventiva e Invalidez) y al Ministerio de Salud La CDC registra en lo que va del año, 1576 presentaciones reclamatorias de la ciudadanía, las cuales superan significativamente a las del año an¬terior, cuando hubo 876 casos, repartidos en los 181 servicios públicos que dependen de la administración central del Estado. En orden decreciente de importancia, figuran el derecho a "prestación de seguridad social" con un 20%, seguido por el "derecho a recibir respuesta en tiempo prudente", con un 16%9; luego viene el "derecho a obtener prestaciones de salud" con un 14%, el "derecho de petición" con un 12% y el "derecho a una atención oportuna y de calidad", también con un 12% cada uno. Dicho balance incluyó justamente un sondeo realizado entre enero y junio de 2010, comparado con igual período de 2009. Los servicios que encabezan el listado de reclamos ciudadanos sin respuesta dentro del plazo fijado por la Ley Nº 19.880 de Procedimiento Administrativo, son: el Instituto de Previsión Social, ex INP, con un 20%; El ministerio de salud, con un 19%; La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), con un 13%; y nada menos que la Inspección del Trabajo, con un 12%. Todo esto no ha hecho más que destacar a Alberto Precht, presidente de la CDC, que espera incrementar el número de atenciones del organismo, agregando que: "Para nosotros es importante que la gente reclame e incorpore sus derechos y deberes ciudadanos al atenderse en un servicio público, pues de ese modo podemos saber con precisión qué se hace mal y qué se hace bien. Si la gente no reclama, nadie sabe que existe un problema y las cosas siguen igual".
Información para la toma de decisiones... ProAraucania.cl
Exclusivo Socios
